Defensor del Pueplo afirma que el DS 2366 vulnera los derechos de los pueblos indígena originario campesinos

Defensor del Pueplo afirma que el DS 2366 vulnera los derechos de los pueblos indígena originario campesinos

La Defensoría del Pueblo a cargo de Rolando Villena, a través de un comuncado hizo conocer que que presentará ante las instancias correspondientes las observaciones sobre la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas originarios por el Decreto Supremo 2366 que establece desarrollar actividades hidrocarburíferas incluso en áreas protegidas

 

La afirmación se hace a partir de la preocupación pública expresada por los dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní en sentido que el Decreto Supremo afecta los derechos de los pueblos indígenas establecidos a partir de la Constitución Política del Estado, en su Art. 30.6 que estable el derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

Según el comunicado, una vez analizados los Decretos 2195, 2298 y 2366, se habrían identificado varias contravenciones a las normativas nacionales e internacionales que van y protegen los derechos de los pueblos indígenas originarios, vulnerándose el ejercicio de sus derechos.

El Decreto Supremo, en su artículo primero establece un mecanismo para la asignación porcentual de la compensación financiera por impactos socio ambientales de las Actividades, Obras y Proyectos hidrocarburíferos, cuando se desarrollen en Territorios Indígena Originario Campesinos, TIOCs, tierras comunales indígenas o campesinos.

 

Por su parte el Decreto Supremo 2298 modifica y complementa el Decreto Supremo 29033, Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas a fin de respetar el derecho a la consulta de las naciones y pueblos indígena originario campesinos respecto a la exploración de recursos naturales y no renovables en el territorio que habitan.

 

Finalmente el Decreto Supremo 2366, en su artículo 2, permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas, en cumplimento a los condicionamientos ambientales establecidos por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas –SERNAP y la Autoridad Ambiental Competente Nacional – CCCN, debiendo prever medidas ambientales adecuadas, con mayor atención en zonas de alta sensibilidad ecológica, para precautelar la conservación de los sistemas de vida de la madre tierra.

 

Sobre el tema, el procurador General del Estado, Héctor Arce, en declaración a medios locales afirmó que no le corresponde al Defensor del Pueblo determinar la constitucionalidad o no del Decreto Supremo 2366, “el Defensor del Pueblo es una autoridad constitucional cuya finalidad no es pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, él tiene la finalidad de defender a la sociedad. La labor de juzgar la constitucionalidad o no de una norma es del Tribunal Constitucional Plurinacional, y el Defensor del Pueblo, justamente es una de las cuatro autoridades legitimadas para hacer uso de la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad”, dijo.

 

Asimismo aclaró que los recursos hidrocarburíferos son patrimonio del Estado boliviano y no de empresas privadas, por tanto los lineamientos para su aprovechamiento le corresponden al propio Estado.

Prensa Rural

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