Defensoría del Pueblo exige a los parlamentarios no proteger a acusados de violencia sexual

Defensoría del Pueblo exige a los parlamentarios no proteger a acusados de violencia sexual

En pasados días, la presidenta de la Cámara de Diputados Gabriela Montaño se refirió al caso del diputado Jacinto Vega quien enfrenta serias acusaciones de violencia sexual en contra de sus propios familiares y se limitó a solicitar su licencia.
Sobre el tema, la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado exigió a las autoridades políticas a no encubrir ni proteger a los servidores públicos que enfrenten algún tipo de acusación relacionado con la violencia sexual contra niñas, niños, adolescente y mujeres, sobre todo a aquellos funcionarios de algún órgano del Estado Plurinacional.
Jacinto Vega, diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) enfrenta un proceso por la vía ordinaria por haber violado a niñas de 10 y1 15 años en Villamoentes-Tarija, pese a las declaraciones de las víctimas en su contra y otros indicios, goza de ciertos privilegios por ser un autoridad nacional, cuando debería ser tratado como cualquier persona que comete algún tipo de delito.

Las autoridades encargadas de impartir justicia se limitaron a pedir más pruebas incurriéndose en la retardación de justicia, “esta forma de responder a las denuncias puede constituirse en un mecanismo velado para socapar, proteger y apañar a individuos que tienen procesos penales y probablemente son responsables de haber cometido crímenes cargados de salvajismo y violencia machista”, afirma el comunicado.

Asimismo, la instancia de velar por los derechos de las personas, le recuerda a las autoridades nacionales que la Constitución Política del Estado determina que los intereses del niño, niña y adolecente están por encima de cualquier otra consideración por tanto se debe trabajar en perseguir, detener y sancionar a las personas que dañan la integridad de las personas, sea quien fuese el agresor, sin privilegios de por medio.

A tiempo de recordar que la propia Constitución determina que el interés superior del niño, niña y adolescente debe estar por encima de cualquier otra consideración, la Defensoría exige a las autoridades “que asuman un rol protagónico y un interés prioritario para perseguir, detener y sancionar a las personas que dañan la integridad y la vida de las niñas, niños y adolescentes, con la misma celeridad, prolijidad e interés con que se han procesado otros casos, considerados de interés político y gubernamental”.

El comunicado afirma “hemos expresado claramente que la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres se ha convertido en una de los ámbitos más graves de vulneración de los derechos humanos en Bolivia y que se sostiene y acrecienta precisamente por un sistema judicial, policial e incluso social, que promueve y permite la impunidad, especialmente cuando los perpetradores resultan tener distintos niveles de poder e influencia. Mientras este sistema oprobioso no cambie, los casos van a seguir incrementándose en todos los ámbitos y niveles en los que se evidencian”.
Irregularidades en el proceso judicial
De acuerdo al informe de seguimiento del caso, se identificaron varias irregularidades en los dos procesos contra el diputado Jacinto Vega, entre ellos: se realizó más de una vez el examen médico forense a la víctima que hoy tiene 12 años, por errores en el procedimiento, además que el Ministerio Público había iniciado la primera imputación por abuso deshonesto y no como violación, pese a la declaración de la víctima.
La ausencia de la Defensoría de la Niñez en los primeros exámenes y las acciones dilatorias del Ministerio Público que ocho meses después de la denuncia, envía una solicitud al SEGIP para conocer el domicilio del acusado, siendo Vega un personaje público de domicilio ampliamente conocido y señalado por la madre de la víctima.
La constante suspensión de las audiencias por la inasistencia del acusado, a quien citan mediante edictos por desconocer supuestamente su paradero, cuando se conocía que el denunciado se encontraba en campaña política con presencia frecuente en medios de comunicación.
El 25 de marzo de 2015, la Jueza de instrucción Primero Mixto Cautelar de Villamontes declara procedente el incidente de defecto absoluto interpuesto por el imputado, y anula la resolución que admite la acusación formal en su contra, en consecuencia dispone que se notifique con la imputación formal al imputado, volviendo el caso a la etapa preparatoria de investigación a cargo de otro fiscal, quién está realizando diligencias de informes sicológicos.
En la segunda denuncia por violación sexual a otra niña de 15 años, se dispuso medida cautelar en su contra, sin embargo el imputado pidió la cesación de detención preventiva, concediéndosele la misma con una celeridad inusitada.

Prensa Rural

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