Minería insostenible

Minería insostenible

El lago Poopó lago recibe una carga de metales pesados muy por encima de los límites permisibles: se vierten diariamente 39 kg de cadmio, 3969 kg de zinc, 821 kg de arsénico y 73 kg de plomo, según el reciente reporte publicado en Cochabamba. Estos son valores altísimos.

Los metales pesados en las aguas contaminan las plantas y el ganado, reduciendo la productividad de los cultivos y generando muertes y malformaciones entre los animales. Además, generan problemas de salud para los comunarios y comunarias que usan el agua para cocinar o lavarse. En nuestra investigación, hasta encontramos que niños de una unidad educativa consumían agua del río altamente contaminada.

Aunque algunos de estos problemas son muy conocidos, también se observaron dificultades y retrasos en la implementación de los planes de remediación ambiental. Recordemos que gracias a las movilizaciones sociales, en 2009 se declaró el estado de emergencia ambiental por las afectaciones mineras y se propuso un plan de “remediación integral” de la cuenca del lago (decreto Supremo 0335). Los objetivos de remediación logrados hasta ahora, sin embargo, pertenecen a ámbitos secundarios, y no se han trasladado a mejoras visibles para las comunidades.

Las empresas aprovechan la debilidad de la normativa ambiental y social y la falta de controles rigurosos para reducir sus costos de gestión. Las empresas privadas, que muchos toman como ejemplos de “buena gestión”, por su capacidad de cumplir formalmente con los requerimientos de la normativa ambiental, producen fuertes impactos. En el caso de la mina Bolívar—empresa Sinchi Wayra–Illapa, la transnacional más grande de la zona, por mucho tiempo propiedad de la suiza Glencore, aunque ahora con participación pública—se observan graves incumplimientos reportados por las comunidades y confirmados por encargados estatales.

Pero los problemas se repiten bajo otros regímenes de propiedad. Emprendimientos mineros que son formalmente cooperativas, y por lo tanto se presentan como diferentes a las empresas convencionales, de todos modos actúan sistemáticamente violando las normas socio-ambientales y se resisten activamente a los controles del Estado. Incluso las empresas estatales, como la minera Huanuni, se encuentran entre los principales contaminadores detectados en el estudio.

Se observa que incluso cuando se cumple formalmente con normas ambientales, no se puede asegurar una reducción en los impactos. Es más, en una serie de entrevistas a actores clave, incluyendo expertos en estos temas, todos acuerdan en que no han habido avances significativos con el actual gobierno. Por todas estas razones, la minería en Bolivia, sigue sumida en la irresponsabilidad social y ambiental.

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