¿De donde sale la plata para los desmanes de los cooperativistas?

¿De donde sale la plata para los desmanes de los cooperativistas?

El procurador general del Estado, Héctor Arce, dijo el viernes que el delito que cometieron los autores del asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, tiene una condena de 30 años de cárcel, y adelantó que el Gobierno no dejará en la impunidad ese crimen.

“Los autores materiales de este hecho tienen que saber que lo que han cometido tiene una pena de 30 años de cárcel en este país, en esta democracia, en esta institucionalidad en que vivimos y por respeto a nuestro país, a nuestro Estado de Derecho no vamos  a dejar en la impunidad ninguna muerte”, dijo.

Anoche, pasadas las 22:00, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó la muerte de Illanes y dijo “fue cobarde y brutalmente asesinado” en la región de Panduro, a 186 kilómetros de La Paz, después de ser tomado de rehén por mineros privados y cuando intentaba promover el diálogo.

Arce, que recibió el cuerpo del Viceministro en la zona de Senkata, de la ciudad de El Alto, dijo que el crimen perpetrado contra la autoridad fue con “saña, ha habido maldad, premeditación, ha habido todos los elementos que hacen y que configuran esa horrenda tipificación del asesinato”.

“Tiene que haber una investigación profunda, muy profunda, muy seria, nosotros tenemos elementos, hemos estado trabajando toda la noche”, complementó.

Por su parte el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo el viernes que pidió a la Policía Boliviana una investigación rigurosa para establecer cómo hicieron los cooperativistas mineros para financiar los bloqueos de carreteras.

“Nuestra recomendación a los investigadores asignados al caso es que se haga una rigurosa investigación acerca de la financiación”, dijo en una conferencia de prensa.

Romero recordó que hace dos días cuatro miembros de la Cooperativa Minera Estrella del Sur de Potosí fueron aprehendidos con una alta cantidad de dinero en una mochila.

“Ellos tenían (en la mochila) 4.200 dólares, 10 mil bolivianos, un extracto de retiro bancario y fotocopia simple de un cheque a favor de Crispín Flores Quispe por la suma de 15 mil dólares”, añadió.

Según Romero, la movilización logística de los cooperativistas, la alimentación de unas 10 mil personas y la dotación de dinamita y otros elementos en varios puntos de bloqueo de carreteras demandó costos extraordinarios.

La autoridad dijo que la pesquisa tiene que considerar, además, hechos como la comisión de delitos cometidos por miembros del sector movilizado descubiertos en Cochabamba, entre ellos el uso de un vehículo indocumentado y la portación de una batería de una videocámara de Cadena A destruida en Panduro, Oruro, tras la golpiza a un camarógrafo.

“Están también hechos inéditos en la historia democrática de nuestro país, un asesinato horrendo, cruel, cobarde, perpetrado contra una autoridad de Estado, contra un viceministro, ataques a periodistas y graves daños materiales”, concluyó.

Comentarios

comentarios

Deja un comentario