La difícil armonía entre la justicia indígena y la ordinaria en Bolivia

La difícil armonía entre la justicia indígena y la ordinaria en Bolivia

A partir del reconocimiento de la justicia indígena originaria campesina por la actual Constitución Política del Estado, el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria trabaja en la integración con la justicia ordinaria, a través de distintos talleres de capacitación para ambas partes, el objetivo, aprender a complementarse.

La Viceministra de Justicia indígena Originaria, Isabel Ortega afirma que una de las tareas desde su cartera es que tanto la justicia indígena originaria campesina y la ordinaria puedan integrarse, sin embargo pese a los talleres en varios municipios del departamento con autoridades indígenas originarias así como funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, aun no se trabaja de esta forma.

En una entrevista con Prensa Rural, la Viceministra afirmó que en su gestión solo hubo un caso donde el Tribunal Supremo entregó a las autoridades originarias campesinas de una región un caso para resolverlo según sus normas.

Para el Presidente del Colegio de Abogados, Raúl Jiménez Sanjinés la integración de la justicia indígena originariacon la ordinaria es una labor que sólo los ideólogos del Movimiento Al Socialismo (MAS) podrán llevar adelante, puesto que la Ley de Deslinde no es suficiente e incluso quedan modificaciones por hacerse.

En cuanto a la forma de complementarse, Ortega dio a conocer dos ejemplos: en caso de la fuga de un delincuente a una determinada comunidad; la justicia ordinaria puede solicitar a las autoridades de la misma para contribuir en su recaptura y en el caso de suscitarse lo contrario (escapar del campo a la ciudad), las autoridades de la comunidad pueden solicitar al funcionario del Tribunal de Justicia ayuda para su recaptura, es así como deben trabajar, acotó.

Entre las dificultades para integrar la justicia indígena originaria campesina está la perdida de los usos y costumbres de las comunidades, desde la lengua (aymara, quechua, guaraní), los valores, la falta de educación de los hijos que ya no respetan a los padres, se dejan influenciar por programas de Televisión de otros países e incluso las mismas autoridades no actúan con convicción, se desautorizan ante su comunidad al quitarse el chicote de mando, cuando sus antepasados solo lo hacían para dormir; la autoridad de cada comunidad es el ejemplo por tanto no puede comportarse como un comunario más, dijo la autoridad.

Además, de acuerdo a los usos y costumbres, la gestión de cada autoridad de una comunidad es anual, por tanto el Viceministerio debe llevar adelante cada año talleres de capacitación sobre la justicia indígena originaria campesina nuevamente, factor que incide también en que no pueda integrarse con la ordinara, porque cada año se empieza de cero.

Sobre los talleres y encuentros, Ortega afirma que si bien la cartera del Viceministerio está integrada por profesiones de distintas regiones, no se puede llegar a todas las comunidades por falta de recursos económicos, existen lugares tan alejados, que demandan para llegar hasta quinientos dólares en avioneta por persona.

Por su parte, el politólogo Franklin Pareja, a tiempo de aclarar que la justicia indígena originaria campesina procede del derecho natural y la justicia ordinaria del derecho positivo, concluye que si bien hubo la intención de reconocer la justicia indígena originaria por parte del gobierno nacional poner en práctica ambas es inviable, la única forma de hacerlo es positivisar la justicia indígena originaria campesina, un desafío que debe trabajar el Viceministerio de justicia y los articuladores de la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

En cuanto a la aplicación de ambas justicias dentro de una misma sociedad, Pareja ve la necesidad de armonizar y compatibilizar la administración de la justicia en Bolivia, “(…) porque al final lo que se logró con diferentes aplicaciones de justicia es como crear republiquetas dentro de un mismo Estado, donde cada cual aplica la justicia de acuerdo a sus usos y costumbres y eso al final lo que genera es caos”.

Es un desafío dar cumplimiento al Art. 192 de la Constitución Política del Estado, donde insta a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral acatar las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina, complementarse ambas a través del apoyo mutuo, promover y fortalecer la justicia indígena originaria campesina mediante la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

 

Esperanza Calle

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