Renuncias en el TSE ponen en riesgo la autonomía indígena de Totora Marka y Charagua

Renuncias en el TSE ponen en riesgo la autonomía indígena de Totora Marka y Charagua

A seis años de aprobarse la Ley Marco de Autonomías (031), dos de once municipios iban a consolidar su autonomía indígena, se sometieron a control constitucional y estában a punto de aplicarla a través de la aprobación de su Estatuto Indígena.

A raiz de las renuncias de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se suman más complicaciones al proceso electoral del próximo 12 de julio, donde Totora Marka en Oruro y de Charagua en Santa Cruz, se iban a someter a un proceso de referendo de aprobación de sus respectivos Estatutos Indígenas, además de cinco departamentos y tres municipios.

Esta complicación es una más a las que se suma el proceso autonómico de aquellos municipios en conversión que optaron por este tipo de autonomía pero no pueden consolidarlo por distintos aspectos, entre ellos los trámites burocráticos y problemas internos, el cual fue admitidito por el viceministro de Autonomías Indígena Originaria Campesina y Organización Territorial, Gonzalo Vargas “el problema fundamental es el boicot y la oposición de alcaldes y concejos municipales en el desarrollo de las autonomías”, dijo.

Otra de las dificultades identificadas por la autoridad es la generación de procesos de estratificación social por la inserción de proyectos internos del Estado y ONGs que afectaron la unidad de pueblos indígenas.
“La autoridad comunitaria ingreso a la lógica de privilegios individuales, propiedad privada, a la que tiene derecho y es reconocido por la Constitución, pero la visión es contradictoria a la de autonomía indígena originaria que quiere establecer la organización por usos y costumbres”, señaló Vargas a Prensa Rural.
La falta de recursos es otra dificultad, ya que varios municipios no desembolsan el dinero a tiempo para elaborar sus Estatutos Autonómicos, sobre el mismo Vargas informó “para acceder a la autonomía indígena se requiere de un referéndum cuyo costo debe ser soportado la entidad autónoma, si se toma en cuenta que las autoridades no están de acuerdo en ir a este proceso, no dispondrán de recursos, es más, para hacer el estatuto se requiere de recursos que no lo disponen”.
En total son 11 los municipios que optaron por las autonomías indígenas. Los estatutos indígenas de los municipios de Totora Marka, Uru Chipaya, Marka Pampa Aullagas (estos tres de Oruro), Mojocoya (Chuquisaca) y Charagua (Santa Cruz) son los que ya tienen control de constitucionalidad, solo Totora Marka y Charagua ya tienen convocatoria a referéndum para el próximo 12 de julio.
Guacaya y Mojocoya ya tienen su pregunta que será revisada por el Tribunal Constitucional, el cual, según la autoridad se tomará sus buenos meses; “probablemente hasta agosto ya se tenga cuatro pueblos indígenas con referéndum aprobatorio, hay la esperanza de que los municipios trabajen en la campaña de los municipios”, dijo.
En cuanto al municipio de Racaypamapa ya tiene su declaración de constitucionalidad; Pampa Aullagas, Uru-Chipaya, Charazani y Jesús de machaca tienen concluido sus Estatutos Indígenas, las autonomía de Salinas de Mendoza y Chayanta están en proceso de deliberación de sus Estatutos.
Según Vargas se otorgó el certificado de territorialidad y ancestralidad además de otros requisitos solicitados por los respectivos municipios e informó que a parte de los 11 que trabajan en ejecutar su autonomía hay 20 nuevas pueblos indígenas que están apostando a consolidar este proceso.
Entre tanto la labor del Ministerio de Autonomías pasa por brindarles asesoramiento técnico, jurídico, facilitar aspectos logísticos para consolidar su autonomía, apoyarlos en el ajuste de sus Estatutos, poner a su disposición profesionales en este ámbito a través de la instalación de oficinas de coordinación en ocho departamentos del país (menos La Paz).
La autoridad detalló que de 339 municipios que hay en el país, 290 iniciaron el proceso de elaboración de cartas orgánicas, 120 de ellos ya enviaron esos documentos al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Prensa Rural

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